La sencilla premisa de que todas y todos tenemos derechos y que merecemos respeto es una cuestión que en los últimos tiempos desde los poderes públicos nos vemos en la obligación de fortalecer. Este consenso social sobre el que se articuló la Declaración Universal de los Derechos Humanos es públicamente puesta en cuestión y en consecuencia es importante trabajar por su visibilidad y por su efectividad en la práctica real.
Hace unos días desde el equipo de Yo soy servicios públicos tuvimos la oportunidad de conversar con alumnas y alumnos de un Máster Internacional sobre Derechos Humanos. Nuestra ponencia se centraba en el modelo de escuela intercultural y en el análisis de la situación del alumnado de origen extranjero en los centros educativos.
En nuestra experiencia de formación siempre aprovechamos la oportunidad de llenar de contenidos nuestra memoria colectiva. De modo que comenzamos recordando que la movilidad humana no es una novedad, España fue un país de emigración en los años cincuenta y sesenta, cuando los países europeos que habían participado en la Segunda Guerra Mundial realizaron una llamada a los pueblos del sur para que enviaran trabajadores. Miles de conciudadanos partieron con la maleta a un destino incierto. Las fotografías de los barcos y autobuses de emigrantes españoles se asemejan a las que hoy publican los medios de comunicación de las y los refugiados que acuden a Europa.
En los años setenta, la crisis del petróleo y en consecuencia el crecimiento del paro autóctono, marco la política de cierre de fronteras en Europa. “Los trabajadores invitados” como les llamaban entonces, dejaban de ser bienvenidos y se les invitaba a regresar a sus países de origen. Pero la vuelta no era tan sencilla porque muchas de las personas que emigraron, ya habían completado su proyecto de vida. Se habían asentado, construido una familia y la vuelta se convertía en un futuro, de nuevo incierto.
El dramaturgo Max Frisch, afirmaba acertadamente: Pedimos trabajadores y vinieron personas. El cierre de las fronteras Europeas fue el comienzo de las políticas de extranjería que marcarían las siguientes décadas.
En España, la llegada de la democracia y el crecimiento económico, hizo que dejáramos de ser un lugar de paso, para convertirnos en destino migratorio de miles de personas tanto de América Latina, África y Europa. Como había ocurrido con nuestra emigración, en la década de los noventa el perfil comenzó siendo el de hombre solo. Pero pronto comenzaron a llegar mujeres para sectores como el trabajo doméstico, servicios y trabajos agrarios de temporadas. Y con ellas, la reagrupación familiar. A finales de la década de los noventa los centros educativos, preferentemente los públicos, comenzaron a convertirse en un crisol multicultural, con un alumnado muy diverso, tanto en experiencias, como en lenguas, costumbres y conocimientos. Pero todos, como afirmaba una Directora de un colegio de Madrid, con un proyecto vital y formativo lleno de expectativas.
Con la llegada de la crisis de 2008 muchos alumnos y alumnas regresaron a sus países de origen, otros siguieron su trayectoria formativa. Muchas niñas y niños nacieron en España y aunque son ciudadanas y ciudadanos de plenos derechos, viven cada día la mirada de la diferencia.
Para garantizar el derecho a la educación, a la movilidad humana con dignidad, para acabar con el racismo, desde otro proyecto de la Secretaria de Mujer y Políticas Sociales, Aula Intercultural realizamos talleres de sensibilización en las aulas con el alumnado de primaria y secundaria. En un taller en un centro educativo preguntábamos en un aula de primaria: ¿Cuántos sois españoles? Los rostros de las niñas y los niños nos miraban con sorpresa. Yo soy dominicana, contesto una niña. Yo de Marruecos dijo un niño. Yo soy de Polonia…y así hasta doce países diferentes. ¿Pero cuantos habéis nacido aquí? Volvimos a preguntar. Todas las manitas se levantaron a la vez. Son parte de la generación de jóvenes que forman parte de un mundo globalizado. A pesar de haber nacido aquí y en muchos casos, no haber viajado jamás, al país de origen de su familia, se sienten extranjeros. Y la pregunta es ¿Qué está fallando en la política de inclusión para que no se sientan parte de la ciudadanía española?
Volvemos al máster universitario. El sesenta por ciento de los asistentes eran estudiantes extranjeros, lo que aportaba un valor extraordinario al curso. Tenían posibilidad de conocer a personas de muy diferentes países, establecer relaciones, compartir experiencia…
Una estudiante comentaba que había decidido matricularse en el curso porque esta convivencia le proporcionaría las habilidades necesarias para trabajar en cualquier lugar del mundo.
Comparando una y otra situación surge la duda de la percepción. Por qué en el curso de máster la diversidad es un valor y en la escuela la diversidad suele asociarse a problemas, falta de calidad de la enseñanza, conflictos…etc. En un mundo cada vez más interconectado, los conocimientos y actitudes interculturales son una asignatura obligada para formar a una ciudadanía mundial.
Nuestra responsabilidad pública es facilitar información y formación de calidad que nos permita construir sociedades prósperas donde todas las personas podamos ejercer nuestros derechos. Desde los servicios públicos debemos facilitar la reflexión, el rigor, dar respuesta a lo urgente, con la mirada en el largo plazo y afrontar desde las causas de los desafíos.
Sólo desde la aceptación de la diversidad como una riqueza podremos garantizar la igualdad de oportunidades, evitar el discurso del odio y la radicalización y proporcionar el aprendizaje necesario para habitar una sociedad global. Y solo podemos hacer eso considerando que la movilidad humana es un derecho y que quienes nos movemos somos personas que contribuimos y nos merecemos las mismas oportunidades.
