Daniel Wagman, reconocido activista, se colocó en 2006 frente a representantes de los grandes servicios policiales de España para decirles que, como buena parte de la sociedad, ellos también eran racistas. Los agentes en la sala, indignados, lo negaban. El defensor por los derechos de los gitanos e inmigrantes reconoció su incapacidad para rebatirles con datos, porque no existían. Así que Wagman les retó: ¿y si realizaban juntos un estudio para evaluar quién tenía razón?
Entre los cuerpos que decidieron involucrarse se encontraban la Policía de Fuenlabrada (Madrid) y los Mossos d’Esquadra de Girona. Uno de los agentes clave en la implementación del proyecto en la provincia catalana, relatan varias fuentes ligadas al proceso, fue Eduard Sallent. Trece años después, convertido en jefe de los Mossos de Catalunya, Sallent ha realizado unas declaraciones este jueves, en plena ola mundial de protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd, que evidencian quién tenía razón: «La ley de extranjería, los procesos migratorios y determinadas realidades de exclusión social producen en todos los cuerpos policiales, no solo en los Mossos, un sesgo en las identificaciones policiales«, ha reconocido en una entrevista emitida en TV3.
«Se puede generar un resorte que, cuando ves una determinada persona, te genera una determinada alerta. Y que automáticamente le paras y hagas una identificación”, continuó Sallent, quien considera que «hay que trabajar para corregir» este prejuicio «a base de formación» y «con concienciación».
Con esos objetivos de formar y concienciar a los cuerpos policiales para evitar identificaciones con sesgo racista, se pusieron en marcha a partir de 2006 varios proyectos piloto en servicios de policías locales y Mossos d’Esquadra para recopilar datos que permitiesen detectar la existencia de prejuicios en función de rasgos étnicos o raciales. Las iniciativas, Estrategias por unas Paradas Policiales Efectivas (STEPSS, por sus siglas en inglés) y Programa para la Identificación Policial Eficaz (PIPE), conllevaban la aplicación de normas claras para regular los criterios para identificar (y en ocasiones registrar) a ciudadanos en la calle, así como la formación de los agentes de policía en estas nuevas directrices.
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