En el último Congreso Confederal de UGT, celebrado el pasado mes de mayo en Valencia, la organización aprobó el programa de acción donde se vuelve a comprometer a trabajar por la igualdad de todas las personas y luchar contra todas las posibles discriminaciones. En dicho programa se reflexiona en profundidad y de manera global sobre las migraciones y cómo garantizar los derechos a todas las personas.
Teniendo en cuenta el programa de acción, desde los servicios públicos debemos preguntarnos dos cuestiones fundamentales: ¿Cómo podemos implicarnos para transformar la actual realidad, de modo que contribuyamos a hacer efectivos los derechos? ¿Qué estrategias son necesarias para eliminar las todas discriminaciones?
En primer lugar, es importante tener una información veraz y de calidad sobre la realidad que queremos abordar, capaz de romper estereotipos y falsas creencias. Por ello no nos cansaremos de repetir que las migraciones son parte de la historia de la Humanidad, que migrar es un derecho humano reconocido a nivel internacional y que en la actualidad a nivel mundial más de 258 millones de personas viven en un país diferente del que nacieron, por motivos de trabajo, de búsqueda de oportunidades, estudio…Es importante entender que el incremento de las desigualdades económicas, sociales, dentro y entre países, es una de las causas actuales de los movimientos migratorios. Al mismo tiempo, es conveniente decir que estamos alcanzando las cifras más altas de desplazados forzados por conflictos, violencia, persecución, cambio climático. Más de 68 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir, y en la actualidad 25 millones personas son refugiadas.
Necesitamos información veraz y formación de calidad para comprender los desplazamientos voluntarios o forzosos, el refugio, la libre circulación de personas en la Unión, la inmigración o emigración hacia o desde España, la necesidad de garantizar derechos a las personas migrantes dentro y fuera de este país, la incidencia en el mercado de trabajo, la concentración en determinados sectores de actividad, el hecho de que las personas migrantes son las víctimas más vulnerables a la trata de seres humanos, la explotación laboral y los incidentes de odio o la necesidad de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades a todos los niveles para combatir el racismo.
Desde los servicios públicos tenemos una responsabilidad para facilitar acciones eficaces que permitan eliminar el racismo en todas formas y en especial el institucional.
Comprender las realidades que nos rodean a través de la información y la formación es fundamental de cara a exigir que las organizaciones sociales, administraciones y responsables políticos se comprometan a impulsar una política de reconocimiento de la diversidad, de lucha contra el racismo y migratoria integral y coordinada en todos los ámbitos de actuación.
A nivel internacional es fundamental que el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados dispongan de instrumentos vinculantes con un enfoque basado en los derechos, en la protección, en la igualdad y en un compromiso real de abordar las causas de la migración forzada. Es necesario que a nivel global se flexibilicen e incrementen las vías de migración regular y los pasajes seguros. Siendo fundamental abordar la especial vulnerabilidad de menores y mujeres en la migración y desplazamientos forzados.
A este nivel, y mirando en concreto al mundo del trabajo es prioritario que la OIT refuerce su papel en materia de migración laboral promoviendo una nueva norma internacional sobre trabajadores y trabajadoras migrantes que supere el enfoque preventivo y se adapte a la realidad de que la migración, y los derechos de los y las migrantes, son clave para el desarrollo sostenible. Siendo preciso que en los Acuerdos Comerciales Multilaterales, se efectúe un compromiso, seguimiento y evaluación de las autoridades competentes para asegurar que las cadenas de suministros y subcontratación, no se alimenten del trabajo forzoso, trata de seres humanos o de condiciones precarias.
Mirando en nuestro entorno es clave comenzar la reflexión por la Unión Europea que marca las políticas migratorias de España. A nivel europeo, la política migratoria se centra: en el control fronterizo y la externalización de las fronteras, la confusión interesada entre migrantes y solicitantes de protección internacional, la diferenciación de derechos entre migrantes que vienen a ocupar puestos cualificados y no, la devaluación del derecho de asilo y el incumplimiento de normas internacionales que entre otras cuestiones han convertido el Mediterráneo en la frontera más mortífera del mundo. En los últimos años algunos Estados Miembros hacen gala de esos incumplimientos, sin que sean sancionados, todo ello en un contexto donde gobiernos de corte xenófobo han utilizado la migración comunitaria y no comunitaria, para atacar las bases y los principios de la Unión Europea.
De modo que a nivel europeo es necesario destacar que la libertad de circulación de trabajadores y personas es un principio de la Unión, que en los últimos años se ha devaluado y restringido, y no ha escapado a la retórica xenófoba que ha llevado, como máxima expresión al Brexit. De hecho observar en estos días lo que está ocurriendo con el Brexit nos debería hacer pensar para exigir con más energía la importancia de pensar las políticas públicas desde los derechos humanos y poniendo en el centro a las personas. Todos los Estados Miembros han aplicado de la manera más estricta las normas para impedir la permanencia de ciudadanos comunitarios migrantes, que o bien han perdido el empleo, o que no disponen de más renta que la derivada de su trabajo. En determinadas materias, priman los intereses de las empresas sobre los derechos de las personas. Y las lagunas en las normas europeas permiten que, quienes ejercen la libre circulación, terminen en empleos cuyas condiciones son precarias o rozan la explotación.
Ante estas realidades, urge exigir el desarrollo de una nueva agenda de migraciones para la Unión Europea con un enfoque basado en los derechos humanos, donde se ponga especial atención a la vulnerabilidad que supone la migración y el refugio para el ejercicio efectivo de los derechos den condiciones de igualdad. Apremia demandar un escrupuloso cumplimiento por parte de los controles fronterizos de los derechos fundamentales, las leyes del mar, la recuperación, financiadas por el conjunto de la Unión, de las operaciones de salvamento en el Mediterráneo y la ruptura de acuerdos de readmisión o de contención de migrantes con Turquía, Libia y otros países no seguros.
Además es necesario fortalecer las vías de migración regular, con igualdad de derechos en materia de empleo y social, sea cual sea el procedimiento utilizado, y atendiendo a la situación de empleo de los países de acogida. Además de impulsar una nueva directiva europea que garantice la igualdad de oportunidades y de trato en los ámbitos público y privado a los nacionales de terceros países residentes regulares, equiparándolos con los autóctonos.
Siendo imprescindible una verdadera y efectiva cooperación con países de origen y tránsito, para impulsar las mejoras económicas, sociales y democráticas, abordando las causas de las migraciones forzadas.
Transformar el enfoque de las políticas europeas en materia de migración es esencial para transformar la política de migración en España. Vivimos en un país donde un 10% de la población tiene nacionalidad extranjera. Si tuviéramos en cuenta a quienes han accedido a la nacionalidad española y a sus hijos o hijas, también españoles, y ya nacidos en España, este porcentaje podría elevarse al 15%. La inmigración ha sido el único factor que ha propiciado el crecimiento de la población total y de la población activa y, por tanto, trabajadora, en España, y paliado en parte, el grave problema demográfico que tenemos. De otro lado, más de 2 millones de personas de nacionalidad española se encuentran en el extranjero, sea o no por motivos de trabajo, y en situaciones similares a las que se encuentra la población de nacionalidad u origen extranjero en España.
Las migraciones son nuestro presente y parte de un futuro sostenible y por tanto es importante destacar la contribución de la migración a este país, desmentir las mentiras del racismo y promover la formación en materia de igualdad de trato y oportunidades de toda la población en general y de los y las trabajadoras de los servicios públicos en particular.
Se necesitan cambios en la normativa y políticas de extranjería para hacer realidad la igualdad de trato, y la no apertura de procedimiento de infracción cuando un extranjero sin documentación denuncia un presunto delito. Desde los servicios públicos debemos exigir la dotación adecuada, en medios materiales y humanos, de servicios públicos directamente relacionados con la migración: sistema acogida a los solicitantes de protección internacional, solicitud de nacionalidad por residencia, oficinas de extranjería y oficinas de asilo y refugio, homologación y convalidación de títulos.
Es fundamental implicarnos para garantizar el acceso a la asistencia sanitaria universal de las personas que se encuentran en este país, regulares o no, comunitarias o no. El tratamiento adecuado a los menores extranjeros no acompañados, basado en el interés superior del menor, el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño y su Protocolo, la posibilidad de inscribirse en la Garantía Juvenil y la permanencia en España tras haber alcanzado la mayoría de edad. O la autorización para trabajar e inscribirse en los servicios públicos de empleo de los solicitantes de protección internacional desde el momento de la solicitud y el desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo. Todas estas cuestiones son prioritarias si queremos contribuir a resolver para transformar la actual política de extranjería en una política justa que tenga la capacidad de hacer efectivo que todas las personas vivimos en igualdad de condiciones y oportunidades.
