Por Eva Martínez Ambite
La realidad, y más si cabe tras la crisis sociosanitaria producida por la Covid-19, deja poca duda sobre la necesidad de unos servicios públicos fortalecidos y de calidad, y su impacto en el bienestar de la toda la ciudadanía. Y esto es así, porque las funciones principales que tienen son; en primer lugar, la búsqueda del equilibrio y redistribución de la riqueza entre los distintos grupos sociales, y, en segundo lugar, y no menos importante, es la corrección de los de fallos provocados por la economía de mercado o neoliberalismo, entre ellos, la tendencia a la concentración de la riqueza o el capital en unos pocos y el deterioro del medio ambiente. Todo ello, en un contexto histórico influido por la creciente globalización económica, el incremento de la desigualdad en todo el mundo, el incremento de los flujos migratorios, las transacciones de capital y movimientos financieros, entre otros fenómenos actuales.
¿Pero qué entendemos por Estado de bienestar o Estado proveedor y cuál es su relación con los servicios públicos? El Estado de bienestar se ha definido como el conjunto de instituciones públicas proveedoras de políticas y servicios sociales, dirigidas a mejorar las condiciones de vida y a promocionar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía. Ya Thomas Henry Marshall , en 1950, observaba como crucial para la ciudadanía el desarrollo de la protección del Estado a través de políticas públicas sociales, las cuales representan la manifestación tangible de la existencia de una comunidad política democrática, formada por ciudadanos libres y solidarios entre sí. De Val (2002) apuntaba las razones de la necesidad del sector público en las sociedades de nuestro entorno como las siguientes: el fracaso del mercado cuando se trata de la provisión de servicios o bienes que socialmente son necesarios, las imperfecciones del mercado, el poder del mismo, los retrasos en la respuesta del mercado a las condiciones cambiantes, las externalidades, la cuestión de la confianza allí donde bienes y consumidores son sensibles y vulnerables, la equidad y distribución de los recursos,…
Sin embargo, y muy a pesar del impacto de la crisis sociosanitaria en la población más vulnerable, en el deterioro de la condiciones de trabajo y pérdida de empleo, en las pérdidas de los trabajadores por cuenta propia y en las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el mayor puesto de trabajo en este país, exactamente el 66% según los últimos datos de enero de 2020; nos enteramos que el NextGenerationEU o Plan de Recuperación y Resiliencia, nombre oficial del fondo de rescate europeo, cuyos objetivos son la recuperación económica y la evolución hacia la sostenibilidad y digitalización tan necesarios, así como la mejora de la cohesión social y territorial y la igualdad, no parece que vaya a ir a quien más lo necesita, ni que vaya a tener una distribución equitativa.
Es evidente y de justicia que los 140.000 millones de euros destinados a España, 72 mil millones de euros en forma de ayudas directas, y el resto en forma de préstamos (que deberemos devolver todos y todas) deberían servir para sentar las bases de un sistema que respete el medio ambiente, que evite y revierta el cambio climático, que fortalezca el sector público y los sistemas de protección social para reducir las desigualdades, en definitiva que promueva una economía al servicio de las personas y no al beneficio de lo privado…, pero parece que ocurrirá todo los contrario, siendo mayoritario el beneficio y rescate, de nuevo rescate, a las grandes corporaciones.
La necesaria recuperación económica introduce una noción de “urgencia” en la recepción de los fondos europeos que lleva a la modificación, a través del Real Decreto-ley 36/2020, de una serie de leyes para acortar trámites. De esta manera asistimos asombrados a como se convierte la excepción en norma para todo lo relativo a los fondos, permitiendo incluso muchas situaciones de adjudicación de contratos a dedo y contratos de urgencia. No hay que olvidar que contratos de urgencia similares a los que se plantean han sido denunciados por sobrecoste e ineficiencia (hospital de pandemias en Madrid, Ferrovial en Cataluña, …) Se crea así mismo, una nueva figura de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), para la ejecución de proyectos de inversión financiados por los fondos europeos, en el que el sector público asume los riesgos y responde con garantías mientras el sector privado recibe los beneficios por la construcción y/o gestión de bienes o servicios.
Esto ya lo conocemos, con el famoso proyecto Castor, las autovías de peaje, el hospital de Ifema, el rescate a la banca, o más recientemente, con las empresas farmacéuticas, que, con grandes sumas de dinero público para la investigación y la obtención de las vacunas contra el Covid, hacen su agosto y derivan su producción al mejor postor, incumpliendo los contratos firmados con la UE. Nuevamente, el Estado, es decir toda la ciudadanía, acaba y asume la deuda para pagar la cuenta a las grandes empresas, sin que estas tengan que asumir ningún riesgo. Endesa, Iberdrola, Inditex, Repsol son algunas de las que han anunciado ya la presentación de proyectos multimillonarios. Bajo la falsa idea de que el mercado abastece las necesidades más rápidamente que el sector público, se obvia la verdadera realidad, que es precisamente el mercado el que genera mayor desigualdad, y que no busca el bien común sino la mera especulación y ganancia particular de una élite, que, eso sí, en toda circunstancia ve una vía para enriquecerse aún más y concentrar el capital sin repercusión en la mejora de la mayoría de la población.
Los ciudadanos y ciudadanas de este país no deberíamos observar impasibles y aceptar que se siga apostando por aumentar los beneficios económicos de grandes empresas o corporaciones, porque esto no supone ningún cambio. Deberíamos comprometernos y exigir una recuperación a partir de la planificación y gestión pública de bienes y servicios que son de todos y para todos, deberíamos reclamar un cambio económico basado en el fortalecimiento de los cuidados, de los derechos de los y las trabajadoras, y del fortalecimiento del Estado de bienestar, porque solo desde este cambio económico y de gestión de los recursos podremos recuperarnos de los efectos de la pandemia y del cambio climático. Solo así podremos intentar revertir los efectos perniciosos y suicidas de una económica por y para el mercado.
