Si miras a tu derecha o izquierda, lees los periódicos o escuchas las noticias, seguramente serás consciente de que vivimos en una sociedad donde se dan grandes y graves diferencias en las circunstancias de las vidas de la población según sexo, capacidades, orientación, racialización y/o religión. Los servicios públicos trabajan para garantizar condiciones dignas a todas las personas, para corregir las discriminaciones y eliminar las desigualdades. En esa ardua labor, en las últimas décadas se han impulsado una serie de estrategias tales como las acciones positivas, las cuotas o los planes de igualdad sobre los que queremos reflexionar y aclarar conceptos e ideas en el PosicionaT de esta semana.
¿Qué sentido tienen? O ¿Son necesarias en la actualidad?
En esta ocasión vamos a centrar nuestra mirada sobre las condiciones de vida según el sexo. Con frecuencia consultamos la base de datos de Instituto de la Mujer, Mujeres en Cifras, que recoge periódicamente un conjunto de indicadores para reflejar la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad. Revisamos el aportado “Poder” y examinamos en concreto las estadísticas centradas en lo económico, donde nos paramos a reflexionar sobre la participación de las mujeres en los Consejos de Administración de las empresas del IBEX-35, en 2020 ha sido del 27,67%. La cifra dista mucho de una participación paritaria, ese 50% que debería corresponder a la mitad de la población. Sabemos que queda mucho trabajo todavía para disfrutar de iguales oportunidades en todos los ámbitos de la vida, y sin embargo, debemos decir que este dato ha mejorado considerablemente, teniendo en cuenta que en 2012, cuando se publicó por primera vez la participación de las mujeres en este ámbito representaba el 11% y los hombres tenían una presencia del 89% en los consejos de administración de las empresas más importantes.
La igualdad formal entre mujeres y hombres no es la igualdad real. Si repasamos la historia en seguida podemos concluir que las mujeres han estado apartadas de las instancias del poder. El ingente trabajo realizado por las historiadoras en las últimas décadas, en 2021, nos permite saber que la exclusión no está basada en la inteligencia o en las competencias. En los últimos tiempos seguro que hemos podido leer libros y novelas sobre mujeres que a lo largo de los siglos adquirieron las competencias o una formación académica excelente y sin embargo no fueron reconocidas ni admitidas en los centros de poder.
Incluso cuando se eliminaron las trabas legales y las leyes comenzaron a recoger la no discriminación por razón de sexo, las mujeres tampoco han accedido ni acceden al poder en proporción a la formación y competencias que obtienen. Las investigaciones, los datos sobre el empleo, sobre las condiciones laborales de mujeres y hombres, nos hacen ser conscientes de que vivimos en una sociedad donde se producen graves desequilibrios que provocan discriminaciones hacía las mujeres y deben ser corregidas mediante medidas que permitan eliminar barreras y facilitar la participación de las mujeres y hombres en igualdad de oportunidades. Con este espíritu nacieron en Estados Unidos, en los años sesenta, las que se utilizan para corregir exclusiones.
La acción positiva consiste en establecer medidas temporales que corrijan las situaciones desequilibradas como consecuencia de prácticas o sistemas sociales discriminatorios. Aunque se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, su campo de actuación se ha centrado prioritariamente en tres grandes áreas: laboral, educativa y participación política.
En España, estas medidas están amparadas legalmente. El artículo 9.2 de la Constitución contempla explícitamente que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”. También el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 17.1 estipula el desarrollo de medidas de acción positiva: “El gobierno podrá otorgar subvenciones, desgravaciones y otras medidas para fomentar el empleo de grupos específicos de trabajadores desempleados que encuentren dificultades especiales para acceder al empleo.”
Las acciones positivas dieron paso a los sistemas de cuotas, una herramienta dentro de los partidos políticos y las listas electorales para garantizar la igualdad en la participación de mujeres y hombres y que fue poco a poco construyendo el camino que ha llevado a la paridad. En 1982, el Partido Socialista de Cataluña introdujo las cuotas y las mujeres consiguieron un 12% de la participación. En años posteriores esta medida se extendió al resto del Estado y la cuota femenina fue gradualmente ampliada al 30 y al 40 %.
Para que el cambio que habían permeado a algunas organizaciones transformara la sociedad en su conjunto, en noviembre de 2001, el PSOE presentó una propuesta de ley para modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, de tal modo que las candidaturas para todas las elecciones que se celebren en España contuvieran entre un 40 % y un 60 % de miembros de uno y otro sexo, y ello tanto en el conjunto de la lista como en cada tramo de cinco candidatos. Sin embargo, hubo que esperar a la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres para que quedara fijado el principio de composición equilibrada, con el que se trata de asegurar una presencia suficientemente significativa de ambos sexos en órganos y cargos de responsabilidad, tanto a nivel estatal como autonómico y local.
La desigualdad entre mujeres y hombres cuestiona los fundamentos de la democracia y por ello la Ley de Igualdad estableció en su artículo 16 que “los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”.
Tres años antes de la aprobación de Ley de Igualdad, en marzo de 2004, en el primer gobierno de Zapatero, se nombró el primer gobierno paritario. En realidad, fue el primer consejo de ministros paritario ya que quedó configurado, 50 a 50, ocho ministros y ocho ministras. Pero en el segundo nivel de secretarios de estado, subsecretarios y directores generales, es decir, la estructura total de lo que se considera un gobierno, la presencia de mujeres quedó reducida al 24%.
Volviendo al presente, al revisar en Mujeres en Cifras el apartado Poder y toma de decisiones, si analizamos la participación de mujeres y hombres en los altos cargos de la Administración General del Estado, 17 años después, es casi paritaria, las mujeres representan el 47% frente al 53% de los hombres, y estos datos son similares tanto en el primer como en segundo nivel. Si profundizamos el análisis y tenemos en consideración los datos de la última década, observamos que el incremento fue paulatino desde la aprobación de la Ley en 2007, pero que con el anterior Gobierno del Partido Popular, entre 2015 al 2017, no se alcanzó el 30% de presencia de las mujeres a pesar de la legislación existente.
La paridad, las acciones positivas, las cuotas o las legislaciones no son el final del camino, más bien son el comienzo. El objetivo de todas estas medidas es un cambio de actitudes y valores respecto a la distribución social de los sexos, de las oportunidades de hombres y mujeres, de su acceso a los recursos, a condiciones y capacidades para participar de la vida social, política, económica y personal.
Las medidas sobre las que hemos hablado hoy sólo consiguen que las reglas del juego democrático sean más justas y son necesarias, los datos nos alertan que en la actualidad siguen siendo imprescindibles para garantizar en todos los ámbitos de la vida, también en la economía, la plena integración del conjunto de la ciudadanía, tanto para los hombres como a las mujeres.
Sobre estos conceptos seguiremos profundizando y reflexionando en futuros PosicionaT de cara observar como interactuar y condicionan la vida el sexo, las diferentes capacidades, orientación, racialización y/o religión y que medidas además de las expuestas hoy se hacen necesarias implementar para garantizar el ejercicio de los derechos.
