La Constitución garantiza la igualdad ante la ley de todas las personas, pero para hacer real el texto y acabar con siglos de discriminación hacia las personas LGTBI son necesarias leyes y políticas públicas específicas que superen los obstáculos para que dicha igualdad sea efectiva.
Más del 50% de los y las empleados LGTBI, según datos de FELGTB, prefieren no revelar su orientación sexual o identidad de género en el trabajo. La no expresión o el ocultamiento es porque se considera que la “exposición” supone algún tipo de riesgo como el despido, acoso, comentarios, cambio de actitud hacia ellas y ellos o en el caso de las entrevistas de trabajo la no contratación.
60% de las personas encuestadas en el estudio “Una cuestión de confianza: la visibilidad LGTB en el lugar de trabajo” dirigido por Ben Capell (ESADE Business School – Universitat Ramon Llull) han sufrido algún tipo de discriminación u hostilidad en el trabajo. Las discriminaciones pueden ser directas o e indirectas. Y en situaciones de discriminación directa muchas veces se prefiere buscar una salida negociada o un cambio de trabajo.
El ocultamiento conlleva la pérdida de derechos y desigualdad en cuanto al acceso a beneficios familiares.
Para acabar con dichas situaciones, se han ido aprobando legislaciones, tanto a nivel estatal como autonómico, que han pretendido acabar con las discriminaciones para la población LGTBI. En toda la normativa aprobada se ha hecho hincapié tanto en el papel de las administraciones públicas como garantes de la igualdad de todas las personas como en el de los diferentes sectores del ámbito público en el cumplimiento de la legislación.
En el ámbito educativo, la legislación genera el marco necesario para la puesta en marcha de contenidos relacionados con la educación afectivo sexual, la diversidad sexual, de género y familiar o la prevención contra la LGTBIfobia. Así mismo, la legislación incide en el debido tratamiento a las personas trans en concordancia con su género sentido, y por tanto la posibilidad de utilizar las instalaciones adecuadas así como la elección del uniforme.
En el ámbito de la salud, cabe destacar la garantía de un tratamiento adecuado en cuanto a las particularidades que tengan las personas LGTBI especialmente, pero no sólo, en materia de salud sexual y reproductiva. En este sentido las comunidades autónomas tienen la obligación de proporcionar formación a los y las profesionales del sector, así como elaborar protocolos de actuación específicos. Los y las trabajadoras de la salud deberán referirse a las y los pacientes de acuerdo con la identidad de género sentida.
Las legislaciones aprobadas, también se plantean actuaciones específicas en el ámbito de la administración con medidas para la adecuación de la documentación administrativa para que refleje la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género, así como la diversidad familiar existente en la sociedad.
En el ámbito de las fuerzas de seguridad se resalta la necesidad de formación que deberá garantizar la administración competente. En algunas comunidades se plantea la elaboración de protocolos de actuación policial específicos. En el ámbito de la justicia, las administraciones establecerán las medidas de apoyo frente a la violencia LGTBIfóbica y en comunidades como Madrid se ha creado además la figura del acompañante para asistir a la víctima en la denuncia por delitos de odio. La legislación prevé multas y penas para quien no la cumpla y realiza un gran salto adelante con la inversión de la carga de prueba, es decir, será quien agrede quien deba probar su inocencia.
En un contexto en el que las agresiones LGTBIfóbicas han aumentado en los últimos tiempos, en el que la población trans tiene más dificultades que cualquier otro grupo social para acceder a un empleo digno, en el que los insultos LGTBIfóbicos siguen presentes en los patios de los centros educativos etc, avanzar en la legislación es importante, pero para hacer efectiva las leyes existentes es fundamental el trabajo de los servicios públicos.
En nuestra sociedad desde los servicios públicos, las organizaciones y personas debemos ser agentes activos del cambio, denunciando cualquier tipo de agresión y promoviendo entornos laborales libres de discriminación.
En este sentido, para hacer esto posible y real, es necesario exigir información que permita conocer nuestros derechos, al mismo tiempo que es fundamental que las nuevas legislaciones vengan acompañadas de presupuestos, de planes de formación, campañas, recursos etc. Es decir, para combatir la discriminación necesitamos promover políticas públicas de igualdad y de visibilidad del colectivo LGTBI que garanticen que las legislaciones aprobadas puedan ser efectivas.
